El Gobierno puede monitorizar los movimientos anónimos y puntuales de población, con un margen de error de 200 metros, siempre con la colaboración de las compañías de telecomunicaciones. Según se desprende del panel de indicadores que maneja el Ministerio de Sanidad para gestionar la información de movilidad, el Ejecutivo reconoce su capacidad para conocer los movimientos por área de residencia. Además, el Gobierno puede ir al detalle, con una granularidad exhaustiva, gracias a la ayuda de las celdas de las antenas de telefonía, cuya precisión es inferior a la una manzana de edificios en muchas localidades del país. Según indica el Ministerio de Sanidad, la fuente para recabar estos datos son el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el tratamiento a posteriori de los datos de las operadores de móviles.
Los dueños de las redes de telecomunicaciones tienen herramientas para conocer donde pernocta habitualmente cada tarjeta SIM operativa, hasta geoposicionarlo en un mapa, y también podría realizar la trazabilidad de dicho móviles. De hecho, y desde hace décadas, esas prestaciones son recursos frecuentes de la policía judicial y el CNI para combatir ciertos delitos. Pero una cosa es que el Gobierno disponga de esa capacidad técnica para monitorizar ciudadanos y otra muy diferente es que pueda llevarlo a cabo de forma masiva o multitudinaria. Con las herramientas tecnológicas actuales sería posible realizar esas tareas de control únicamente con la colaboración de los operadores de telecomunicaciones móviles y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre otras condiciones, para disponer de un mapa de calor actualizado en tiempo real con los desplazamientos individualizados de los ciudadanos en su propio barrio, por ejemplo, se necesitarían sistemas de procesamiento de la información de cuya potencia actualmente adolecen los operadores, según explican expertos en redes. Sin embargo, de forma puntual, el tratamiento de la información sería viable. En ese supuesto y en casos concretos, las autoridades podrían controlar si el usuario de cierta tarjeta SIM -anónimo a ojos del Ejecutivo- ha abandonado su residencia cuando debería estar confinado por representar un vector de riesgo de la COVID-19, por ejemplo.
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