La iniciativa, adoptada a través de una orden ministerial que se aprobó ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se concretará mañana, día en el que una comisión interministerial tendrá que fijar los precios definitivos, y no está exenta de polémica. A fecha de hoy, el Gobierno de Sánchez desoye a la oposición y a autonomías como Murcia, Cantabria, Galicia y otras gobernadas por los populares, que han reivindicado al Ejecutivo que reduzca el IVA del 21% de estos productos a otro del tipo reducido o superreducido –del 4%– si lo que realmente pretende es que el coste sea inferior para el bolsillo del consumidor. De momento, el Gobierno ha renunciado a hacerlo.
Efecto perverso
Fuentes del sector farmacéutico alertan además del riesgo de que la rebaja por decreto del precio de las mascarillas y otros productos como geles o guantes desencadene un efecto perverso, el desabastecimiento, y lo ilustran con un caso concreto: «Si la comisión fija por ejemplo un precio de venta al público de dos euros y los proveedores internacionales les dicen a las empresas distribuidoras que operan en España que solo se lo venden a cinco, lo lógico es que los productos terminen no llegando finalmente a nuestro país». El problema, aseguran, «no está en las farmacias, sino en los importadores, y a estos no se les puede obligar a nada porque se pueden negar a suministrar».
Precisamente, el día 15 la patronal de la distribución farmacéutica en España, Fedifar, ya avisó de que la subida del precio de venta en las farmacias no era atribuible a la aplicación de un margen desproporcionado por parte del mayorista, sino a la gran demanda mundial de mascarillas, que ha hecho que los fabricantes e intermediarios internacionales hayan aumentado su precio en el mercado. El Gobierno, además, contribuyó a esta suerte de ceremonia de la confusión el 2 de marzo, cuando a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios obligó a los distribuidores a derivar mascarillas a centros sanitarios sin considerar como tales las farmacias pese a su carácter sanitario, lo que provocó durante días un desabastecimiento en estos establecimientos. La decisión privó a millones de ciudadanos del acceso a mascarillas en los momentos más álgidos de la pandemia. De hecho, desde el días 2 al 14 había libertad de circulación, pues no se había instaurado el estado de alarma.
En la orden, el Ministerio de Sanidad, en calidad de mando único de esta crisis de Salud Pública, subraya que «es necesario establecer las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan acceder, de forma informada, y en condiciones económicas no abusivas, a determinados productos de protección frente al contagio del Covid 19. Todo ello, porque la ciudadanía debe disponer de la información suficiente para la compra de productos que prevengan de la infección, persiguiendo la finalidad de que pueda distinguir entre los que sí son adecuados de los que no lo son, y debe acceder a los mismos en condiciones que eviten situaciones abusivas en el precio, atendiendo a la situación actual del mercado».
El Gobierno justifica la decisión con el argumento de que existe una situación excepcional sanitaria y hay que proteger la Salud Pública. La orden se aplicará en concreto a mascarillas quirúrgicas, guantes de nitrilo y otros productos sanitarios que se consideren imprescindibles para minimizar el riesgo de propagación del Covid 19 entre las personas, debiendo ser determinados estos últimos mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General de Sanidad.
También se aplicará a aquellos productos que no revisten la condición de medicamento ni de producto sanitario pero también se consideran imprescindibles para minimizar el riesgo de propagación. Entre ellos cita las mascarillas higiénicas, tanto no reutilizables (de un solo uso) como reutilizables, entendiéndose como tales la pieza facial que cubre la boca, la nariz y la barbilla, que está provista de un arnés de cabeza» y que cumpla unas especificaciones téncias; antisépticos de piel sana autorizados por la Agencia de Medicamentos, y los geles y soluciones hidroalcohólicas para manos, de naturaleza cosmética autorizadas temporalmente por la Agencia.
La orden habla también de otros productos que se determinen mediante resolución. El coste lo fijará la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y la propuesta partirá de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, la misma que protagonizó la compra de test defectuosos. El plazo es de 48 horas, con lo que el precio deberá estar fijado mañana. Añade que la venta individualizada de mascarillas solo se podrá realizar desde las farmacias, «garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad».
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