Aunque el Gobierno esperó hasta la semana que empezaba el 9 de marzo para adoptar medidas severas de combate contra la pandemia, que tuvieron su punto álgido el día 13, cuando decretó el confinamiento de la población, el Ministerio de Sanidad ya tenía conocimiento profundo desde bastante tiempo antes de la capacidad de propagación del virus y de su peligrosidad. No sólo por la situación en China y otros países asiáticos y, ya más cerca, en Italia, en donde la pandemia había estallado, infectando entonces a centenares de personas. Diversos organismos europeos y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) habían lanzado sucesivos avisos en los que alertaba, por ejemplo, del serio riesgo que entrañaban las concentraciones de personas, lo que llevó a países como Francia a prohibir todas aquellas que superaran las 5.000 personas.
Justo una semana antes del 8 de marzo, el domingo día 1, dos altos cargos del Ministerio de Sanidad contactaron con el Consejo General de Enfermería, la organización que representa a los colegios de enfermería de toda España, para que lanzaran un comunicado en el que instaran a sus profesionales a desaconsejar la «asistencia a cualquier evento o acto que suponga aglomeración de profesionales sanitarios tales como congresos, reuniones o eventos científicos». Los altos cargos que contactaron con la corporación profesional fueron el secretario general y actual número 2 del ministro, Faustino Blanco, y el director general de Ordenación Profesional, Rodrigo Gutiérrez, según confirmaron ayer a LA RAZÓN fuentes del Consejo General.
En el comunicado, emitido justo un día después, el 2 de marzo, la corporación profesional atiende a la petición del Ministerio y subraya que «las enfermeras y enfermeros, que en muchos casos son el primer eslabón con la ciudadanía en los centros sanitarios y permanecen en mayor medida en contacto con los pacientes, requieren de una especial protección al ser profesionales sanitarios responsables del cuidado de las personas y pacientes», El texto hacía además a «toda la población» un llamamiento «para un uso adecuado de los servicios sanitarios para evitar colapsar las urgencias hospitalarias y centros de atención primaria». Su consejo era consecuencia de «un análisis de la situación actual y de la evolución de la epidemia». Dicha comunicación, instada por el Ministerio, se dirigía a «las 307.000 enfermeras y enfermeros colegiados en nuestro país, así como a la población en general». Pero no sólo fue a esa a la corporación a la que llamó el Ministerio. Según ha podido saber este periódico, el Consejo General de Colegios de Médicos también fue contactado por el departamento que dirige Illa en el mismo sentido. Fruto de ello fue un comunicado anterior, emitido el día 29 de febrero, en el que se desaconseja a todos los facultativos de este país «la participación y la promoción de congresos, reuniones y eventos científicos, incluyendo sesiones clínicas con gran afluencia de profesionales, en aquellos centros donde se están tratando o se puedan tratar pacientes con Covid 19, así como parte de los profesionales que pudieran haber estado en contacto con el coronavirus, acudir a reuniones nacionales o internacionales». Al igual que los enfermeros, el Consejo de Médicos instaba a la población a utilizar los servicios de urgencias sensatamente, «de modo que una sintomatología menor no debería comportar una visita al hospital».
Mientras el Ministerio promovía de esta forma la cancelación de decenas de eventos sanitarios, el Gobierno y las formaciones que lo sustentan jaleaban la asistencia a las concentraciones feministas del 8 con el apoyo del asesor científico de Salvador Illa, Fernando Simón. Y ello, a pesar de que entre la fecha de emisión de los comunicados divulgados a instancias del Ministerio y el día 8 crece el número de infectados y de muertos. El 6, el presidente del Gobierno anima a salir a la calle «porque sin feminismo no hay futuro». El 7 lo hace el PSOE y Simón subraya que el brote está bajo control.
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